Desde el sector piden que se pague el 100 por cien, ya que aun habiéndose cerrado, los profesionales continúan trabajando y atendiendo a los usuarios y a las familias por vías telemáticas. Por responsabilidad, no pueden abandonarlos", señala el presidente del comité, Antonio Guillén, quien añade que "decir que se cierran los servicios es no haber entendido la realidad y las necesidades de las personas con discapacidad y/o problemas de salud mental que, a pesar de estar en su domicilio, necesitan el acompañamiento de los profesionales para afrontar la situación de confinamiento". 

 

En el caso de los servicios que atienden a personas con discapacidad y/o problemas de salud mental, aproximadamente el 95 por ciento son prestados por entidades del tercer sector impulsadas por las mismas personas con discapacidad y/o sus familias. Estos servicios se prestan por medio de centros concertados, con convenio, adaptados, en centros propios en gestión delegada o subvencionados, cuyos ingresos provienen mayoritariamente de la Generalitat de Catalunya.

 

Hay que respetar el pago del 100 por cien de la tarifa para poder mantener los puestos de trabajo durante la suspensión de la actividad, y no tener que recurrir a otras alternativas. Además, aparte de los profesionales, durante este periodo también hay que mantener suministros y otros servicios accesorios y complementarios de los que no se puede prescindir durante este periodo.

 

“Consideramos inaceptable e inoportuno que el Gobierno, en un momento en que el acompañamiento a las personas con discapacidad y/o trastorno mental es prioritario, como colectivo vulnerable, proponga una reducción del 15% en las tarifas. El sector hace más de 10 años que está infrafinanciado y una medida así no hará sino empeorar la situación de fragilidad en que ya se encontraban estos servicios”, concluye el Cocarmi.